Washington, 2 de octubre de 2025 — Un memorando gubernamental obtenido por The Associated Press y notificado al Congreso por funcionarios del Pentágono afirma que el presidente Donald Trump ha determinado que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra varios cárteles de la droga, a los que su administración ha calificado como “combatientes ilegales” y ha designado como organizaciones terroristas.
La comunicación llega después de una serie de ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Caribe. El memo, según la versión obtenida por AP, sostiene que esas organizaciones se han vuelto transnacionales y llevan a cabo “ataques continuos” en toda la región, justificando así el uso de la ley de conflicto armado como marco legal para operaciones militares.
Funcionarios citados en varios medios señalaron que al menos tres embarcaciones fueron atacadas por fuerzas estadounidenses en operaciones en aguas internacionales; en uno de los incidentes, ocurrido el 2 de septiembre, la administración informó que murieron 11 personas a bordo de una lancha vinculada, según las declaraciones presidenciales y comunicados oficiales. Otros reportes agregan que, sumando los distintos ataques, el número de fallecidos podría ser mayor, lo que ha generado un debate sobre el alcance y la proporcionalidad de las acciones.
Según el memorando, el Ejecutivo ha incluido en la lista de grupos objeto de la medida organizaciones como el Tren de Aragua y el llamado Cártel de los Soles, así como otros cárteles regionales que, a juicio de la Casa Blanca, operan como “grupos armados no estatales” y constituyen una amenaza directa para la seguridad de ciudadanos estadounidenses. La notificación al Congreso enfatiza que estas acciones buscan frenar el flujo de drogas que, según la administración, causa un elevado número de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
La decisión presidencial ha provocado cuestionamientos inmediatos entre legisladores y expertos legales. Varios senadores han presionado para que la Casa Blanca acuda al Congreso y solicite una autorización formal conforme a la Ley de Poderes de Guerra, argumentando que el uso de fuerza militar fuera de un contexto declarado de guerra debe ser supervisado por el Legislativo. Derechos humanos y grupos civiles también han expresado su alarma por la posible militarización de labores que tradicionalmente corresponden a agencias de seguridad y aplicación de la ley.
Críticos han señalado además la falta de detalles públicos sobre la inteligencia que habría sustentado las operaciones: el Gobierno no ha explicado públicamente cómo se determinó la naturaleza de las cargas ni la identidad de los ocupantes antes de los ataques, lo que ha alimentado dudas sobre la legalidad y la transparencia de las acciones. Funcionarios del Pentágono han defendido la medida como una respuesta necesaria al “narco-terrorismo” transnacional, pero no han ofrecido aún un desglose público exhaustivo de la evidencia.
La reacción internacional también ha sido inmediata: Venezuela y otros gobiernos de la región han condenado las operaciones y reclamado explicaciones sobre la soberanía y la legalidad de los ataques en aguas adyacentes a sus territorios. Legisladores estadounidenses de ambos partidos han anunciado audiencias y revisiones, y algunos preparan medidas legislativas para limitar futuras acciones militares sin una autorización explícita del Congreso.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que la medida responde a una amenaza real y constante: en la notificación se argumenta que las actividades de los cárteles equivalen a “ataques armados” contra Estados Unidos y que la designación como combatientes ilegales permite emplear herramientas de defensa nacional para interrumpir sus operaciones. Mientras tanto, la controversia política y legal promete prolongarse en los próximos días en el Capitolio y en foros internacionales.
