El gobierno de Donald Trump ha ordenado la suspensión indefinida de todas las solicitudes de inmigración, incluidas las de residencia permanente (Green Card), presentadas por migrantes latinoamericanos y ucranianos que ingresaron a Estados Unidos bajo programas de parole humanitario implementados durante la administración de Joe Biden. Esta medida, fundamentada en preocupaciones sobre fraude y seguridad nacional, afecta a miles de cubanos que buscaban obtener la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano, tras haber ingresado al país con un parole humanitario entre 2023 y 2024.
Según un memorando interno del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la «pausa administrativa» se aplicará mientras las autoridades revisan posibles irregularidades en los programas de parole, utilizados para permitir la entrada de migrantes por razones humanitarias. El documento señala que el sistema de adjudicación de beneficios migratorios no está detectando adecuadamente información sobre fraude y riesgos de seguridad. Investigaciones recientes han revelado miles de solicitudes con patrocinadores repetidos, direcciones falsas y el uso de identidades de personas fallecidas, lo que ha generado preocupación dentro del gobierno de Trump.
Durante el periodo en que estuvo activo el programa de parole humanitario, más de 530,000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaron legalmente a Estados Unidos tras demostrar que contaban con un patrocinador en territorio estadounidense. Estos migrantes, que inicialmente recibieron permisos temporales de trabajo y protección contra la deportación por dos años, habían iniciado trámites para ajustar su estatus legal de forma permanente. Con la nueva directiva, sus solicitudes quedan suspendidas, dejándolos en una situación de incertidumbre y expuestos a una posible expulsión del país al finalizar el periodo de vigencia de su parole.
En enero de 2025, la administración Trump eliminó el programa de parole humanitario y desactivó la aplicación CBP One, cancelando citas para solicitudes de asilo y dejando a miles de migrantes varados en la frontera. Además, otorgó amplias facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para acelerar deportaciones, estableciendo cuotas de arrestos y despidiendo a funcionarios que no cumplieran con los objetivos. Las redadas se intensificaron en ciudades clave, afectando incluso a inmigrantes sin antecedentes penales.
Estas medidas han generado preocupación entre defensores de los derechos humanos, quienes denuncian que la eliminación de vías legales y el aumento de las deportaciones agravan la vulnerabilidad de los migrantes. La política migratoria estadounidense se ha endurecido significativamente, con consecuencias directas para miles de personas que buscaban una oportunidad de regularizar su estatus en el país.
