Última Hora | Washington D.C., 24 de marzo de 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este lunes la revocación del programa de parole humanitario, una medida que afectará directamente a más de 530.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron al país bajo ese estatus especial desde 2022. La disposición entrará en vigor el próximo 24 de abril, según se anunció en el Registro Federal.
El programa, impulsado por la administración Biden, permitía a ciudadanos de esos países ingresar legalmente a Estados Unidos por un periodo de dos años, siempre que contaran con un patrocinador. Para los cubanos, además, ofrecía la posibilidad de aplicar a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano una vez cumplido un año y un día de permanencia en territorio estadounidense.
Sin embargo, con la nueva política, quienes hayan ingresado con parole después de abril de 2024 podrían no alcanzar el tiempo requerido para acogerse a dicha ley y quedarían expuestos a procesos de deportación.
“El parole fue un abuso del poder ejecutivo y ha sido eliminado. Vamos a restaurar el control sobre nuestras fronteras y sobre quién entra a nuestro país”, declaró el mandatario en un evento celebrado hoy en la Casa Blanca.
Durante el 2023 y la primera mitad de 2024, las aprobaciones bajo el parole humanitario se mantuvieron estables. No obstante, tras el triunfo electoral de Trump en noviembre pasado, la administración Biden prácticamente detuvo las aprobaciones en medio de una revisión interna. Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que al menos 110.240 cubanos ingresaron por esa vía hasta octubre de 2024.
Además de los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, Trump estaría evaluando extender esta política a los 240.000 ucranianos que recibieron parole tras la invasión rusa a Ucrania. La noticia ha causado preocupación y alarma en varias comunidades migrantes, particularmente en la cubanoamericana, que ahora enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre.
Pese a que Trump obtuvo el respaldo de una parte considerable del electorado latino, sus primeras medidas de gobierno han endurecido la política migratoria en varios frentes. Grupos de derechos humanos y organizaciones pro inmigrantes ya han anunciado que presentarán demandas judiciales para frenar la aplicación de esta medida.
