EE.UU. sanciona al Banco Financiero Internacional de Cuba.

Estados Unidos volvió a endurecer su política financiera hacia Cuba con nuevas medidas que afectan directamente al Banco Financiero Internacional, conocido como BFI, una entidad bancaria cubana señalada por Washington por sus vínculos con estructuras económicas bajo control militar.

La medida forma parte de una ofensiva más amplia de sanciones impulsada por la administración de Donald Trump contra sectores estratégicos de la economía cubana. El objetivo declarado por Washington es limitar el acceso de entidades cubanas sancionadas al sistema financiero internacional y aumentar los riesgos para bancos extranjeros que mantengan operaciones significativas con ellas.

El Banco Financiero Internacional ya había sido incluido en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado en enero de 2021, bajo el primer gobierno de Trump. En aquel momento, Washington lo describió como un banco comercial vinculado al aparato militar cubano y prohibió a personas sujetas a jurisdicción estadounidense realizar transacciones directas con la entidad. 

Ahora, el contexto es más agresivo. El 1 de mayo de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió las facultades de sanción contra Cuba y abrió la puerta a castigos contra instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones relevantes con entidades sancionadas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, publicó la orden dentro del programa de sanciones cubanas. 

Para analistas legales, esta nueva etapa representa un salto importante porque introduce un esquema de sanciones secundarias parecido al usado por Estados Unidos contra países como Irán, Rusia o Corea del Norte. Eso significa que no solo se limita a empresas estadounidenses, sino que también aumenta el riesgo para bancos, compañías y socios extranjeros que operen con entidades cubanas bloqueadas. 

El BFI aparece vinculado en bases de datos de sanciones como una entidad activa en Cuba, con clasificación asociada a subentidades de GAESA, el conglomerado empresarial militar que Washington ha colocado en el centro de su estrategia de presión. La entidad figura además con el código SWIFT/BIC BFICCUHH, dato importante para operaciones bancarias internacionales.

La presión financiera contra Cuba ya ha tenido efectos visibles. Reuters reportó que Cuba anunció la suspensión de transacciones con Visa y Mastercard a partir del 6 de junio de 2026, citando el impacto de sanciones estadounidenses y la reducción de operaciones por parte de un socio extranjero de procesamiento de pagos.

En la práctica, estas restricciones pueden complicar pagos internacionales, operaciones turísticas, remesas, transacciones empresariales y relaciones con bancos corresponsales. Cuando una entidad financiera es considerada de alto riesgo por sanciones, bancos extranjeros pueden preferir cortar vínculos antes que exponerse a multas, congelamiento de activos o pérdida de acceso al sistema financiero estadounidense.

Las sanciones a Cuba también generan un efecto psicológico en el mercado. Empresas extranjeras, procesadores de tarjetas y bancos internacionales tienden a revisar sus operaciones con mayor cautela, incluso cuando algunas actividades pudieran estar autorizadas bajo licencias o excepciones. Ese fenómeno se conoce como “de-risking”: cortar relaciones para evitar riesgos legales.

El impacto para los cubanos puede sentirse en la vida diaria. Menos canales financieros significan más dificultad para pagos con tarjetas, operaciones comerciales, cobros desde el exterior y entrada de divisas. También puede afectar al turismo, uno de los sectores que más depende de sistemas internacionales de pago.

Washington sostiene que estas medidas buscan evitar que estructuras vinculadas al poder militar se beneficien de operaciones financieras. La Casa Blanca y el Departamento del Tesoro han defendido la ampliación de sanciones como una herramienta para presionar cambios y aislar sectores considerados clave dentro de la economía estatal.

Del otro lado, críticos de estas medidas advierten que el endurecimiento financiero puede terminar golpeando a ciudadanos comunes, pequeños negocios y familias que dependen de pagos, remesas o servicios vinculados al exterior. La discusión sigue abierta entre quienes ven las sanciones como presión necesaria y quienes las consideran un factor de mayor aislamiento económico.

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