Washington, 3 de octubre de 2025 — El gobierno de Estados Unidos informó que fuerzas militares estadounidenses atacaron y hundieron una embarcación sospechosa de traficar drogas en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump que, según la versión oficial, dejó cuatro muertos a bordo.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en una publicación en la red social X que él dirigió “un ataque letal y cinético” contra “una embarcación de narcotráfico afiliada a organizaciones terroristas designadas” y que “cuatro narco-terroristas masculinos murieron en el ataque; ninguna fuerza estadounidense resultó herida”.
La acción se produjo en la zona de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM), en aguas internacionales frente a Venezuela, y, según las autoridades estadounidenses, la embarcación transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” con destino a EE. UU. El Pentágono no ha hecho públicos detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre la evidencia específica que determinó la naturaleza de la carga antes del ataque.
La operación forma parte de una campaña más amplia del gobierno que, en días recientes, ha realizado varios ataques similares contra embarcaciones en el Caribe. La Casa Blanca ha notificado al Congreso que, a su juicio, Estados Unidos está en un “conflicto armado no internacional” con ciertos cárteles de la droga que la administración ha designado como “combatientes ilegales”, una calificación que —según el Ejecutivo— justifica el empleo de herramientas militares bajo el derecho de la guerra
Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025
La decisión y las operaciones han generado críticas inmediatas. Legisladores de ambos partidos han pedido explicaciones y algunos senadores han instado a la Casa Blanca a buscar una autorización formal del Congreso conforme a la Ley de Poderes de Guerra. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han cuestionado la legalidad de usar la fuerza militar para tareas que suelen corresponder a agencias policiales y han reclamado mayor transparencia sobre la inteligencia que respaldó las acciones.
Venezuela y otros gobiernos de la región han condenado las operaciones y solicitado aclaraciones sobre la soberanía y la legalidad de los ataques en aguas cercanas a sus costas. Mientras tanto, en el Capitolio se anuncian audiencias y revisiones que podrían intensificar el debate sobre el alcance y los límites de la estrategia estadounidense en el Caribe.
